Hostigamiento hacia indígenasYukpa
A través del presente queremos denunciar el hostigamiento hacia las comunidades Yukpa de la cuenca alta del río Laja de la Sierra de Perijá y hacia su cacique Sabino Romero Izarra.
COMUNICADO: A través del presente queremos denunciar el hostigamiento hacia las comunidades Yukpa de la cuenca alta del río Laja de la Sierra de Perijá y hacia su cacique Sabino Romero Izarra. 1. Los familiares del cacique yukpa Sabino Romero Izarra denunciaron que aproximadamente a las 2 de la tarde llegó (cerca de la reunión que realizaban en la comunidad de la Sierra de Perijá el día miércoles 23 de abril de 2008) la camioneta del hacendado Alejandro Vargas, hijo del sr. Guillermo Vargas, presunto propietario de la hacienda Tizina, en Kusare. Ésta era conducida por un ciudadano colombiano llamado Richard, encargado de la hacienda, y repartió a cada cinco personas una escopeta de cinco tiros; posteriormente comenzaron de inmediato a disparar al cacique Sabino para matarlo, hiriéndolo con cinco plomos calibre 15 en la cabeza y en el brazo. Pero este se defendió con su escopeta, y los hizo huir gritando “corre que Sabino nos mata…allá viene atrás”. En la comunidad es conocido -incluso por la Guardia Nacional local- que los agresores son un grupo de colombianos de apellido Sanabria y hombres Yukpa mestizos de las adyacencias de la comunidad Kasmera y Mikibu, pagados por el presunto propietario de la hacienda Tizina: un ciudadano colombiano apodado “Chepito” (casado con una mujer Yukpa de la comunidad Mikibu) y cinco mestizos indígenas, dos de apellido Ramos de la comunidad Kasmera, Federico Yordan, Daniel Romero y otro apodado “Cópete” de la comunidad Mikibu. Este grupo de personas armadas de escopetas y revólveres han venido actuando como sicarios asaltando la comunidad de Chaktapa para tratar de eliminar a su cacique Sabino, pues volvieron a arremeter de la misma manera el 12 de mayo al mediodía, donde 8 personas transportadas en dos camionetas dispararon desde los alrededores de la hacienda Kusare, amenazando que irían a la haciendo Tizina a buscar a los Yukpas que están denunciando sus atropellos -volviéndolo a hacer el día 13 a las 10 am-. Antecedentes: La comunidades de los pueblos indígenas de la Sierra de Perijá han visto reducirse su territorio durante 515 años: ejemplo de ello ha sido que los pueblos Barí desde 1900 a 1983 han sido despojados hasta un 11% de su superficie original, en beneficio de las entonces empresas estadounidenses Shell (Colon Development Company), Standard Oil, Colpet, Creole, y en beneficio de algunos ganaderos y de algunas misiones religiosas (cuya función, en general, ha venido siendo “reducir y atraer a la vida ciudadana las tribus y parcialidades indígenas no civilizadas que aún existen en diferentes regiones de la República” -Ley de Misiones de 1949) Durante mediados de los años 70 un grupo de familias Yukpa bajaronn de la cuenca alta del río Laja de la Sierra de Perijá, y ocuparon de nuevo su territorio en los alrededores de las haciendas; estás fueron “creadas” tras el despojo de tierras indígenas en los inicios a los años 30 por parte de un grupo de grande hacendados de Machiques de apellido Vargas, familia que ha levantado su bienestar y riqueza a partir de la terrofagía, del hambre y del dolor de las comunidades Chakpata, Chaparro, Kesmera y Botoncha, arrinconando a estas comunidades indígenas originarias hacia otras zonas de difícil acceso y poca fertilidad para cultivos. En 1990, la Corporación de Desarrollo de la Región Zuliana (CORPOZULIA) aprobó nuevos yacimientos carboníferos en la Sierra de Perijá, afectando la zona de San Francisco (El Bajo), impactando a las comunidades Yukpa y Barï del Tukuko, Marewa, Peyará, Totayonto, Shukumo, Karañakai, Itabobó, Yera, etc., y las cuencas de los ríos Tokuko, Sucumo, Totayonto, Yuyima, Paila, Caño Azul, Aricuiza, Caño del Norte, Caño del Medio, Caño Buena Esperanza, Caño Nuevo, Caño San Pablo, río Lora, Cinco de Julio y río de Oro, e impactando la serranía de Marewa o Abusanqui. Dos años después las empresas CORPOZULIA, MAICCA, PLANIMARA y TABLICA afectaron de nuevo a las comunidades Barí y Yukpa, sobre un área de 50 hectáreas. El Gobierno del año 1994 masacró a un grupo de Yukpas en Kasmera, y desatendió sus problemas de salud derivados de su desplazamiento forzado -e hizo lo mismo con habitantes del pueblo Wayüü en la zona de Paraguaipoa, en la Guajira “venezolana”-. En ese mismo año las empresas CORPOZULIA, CARBOCA, CARBOPECA, CONSULMINCA, COSIMINCA, MAICCA y MARAVEN comenzaron a impulsar proyectos de explotación turística y minera (petrolera y carbonífera) hacia el sur-oeste del estado Zulia, por el extremo sur (río de Oro) y por el extremo norte (río Apón), desde el poblado perijanero de El Llano, hasta Casigua El Cubo, afectando a los Pueblos Yukpa y Barí. Para 1997 han incidido con más fuerza la empresa Corpozulia, los terratenientes y ganaderos (terrófagos), quienes incluso colocaron cercas eléctricas, para aniquilar a los grupos indígenas que se desplazaran por sus Territorios, entre haciendas, entre “hato y hato” (a comienzos de este milenio y de este siglo, se incorpora Carbozulia en estos proyectos desarrollistas). En los primeros meses de 1998 las empresas Carboníferas buscan establecer Puertos y Depósitos de Carbón en Caimare, Perijà, en San Carlos y el islote de San Bernardo, así como las islas de Toas, Zapara, conectando de esta manera a las minas de Paso Diablo, Mina Norte, Socuy, Maché y Cachirí, afectando además la salud y producción tradicional de las poblaciones de Nazareth y Sabaneta de Montiel. Ya en el nuevo siglo y milenio, las compañías carboníferas Itabira Rio Doce Company, Vale do Río Doce, TOMEN, EXCEL, Carbones del Guasare (Ruhrkohle, Anglo-American Coal), Carbones de la Guajira (Inter-American Coal/Chevron-Texaco, Evan Energy), Venequip-CAT, Washigton Group International, Morrinson Knudsen Corporation, Carbonífera Caño Seco, Corporación Carbones del Perijá, así como las compañías mineras MAICCA han venido explotando las minas de Guasare y Paso Diablo como parte de su mega-proyecto carbonífero (Carbosuramérica) La comisión técnica de demarcación indígena del estado Zulia fracasó en el 2006 en su intento de demarcar las tierras del pueblo Barí, pues la misma se basó en “cálculos” que no contemplaron los dibujos, mapas mentales y áreas a demarcar hechos por los propios indígenas con toda libre voluntad: comunidades Bari de la zona alta y de la zona baja (como Adougbari, Aruutatakae,Totobakae, Senka Bari, y otras) rechazaron tales títulos de propiedad puesto que les otorgaban áreas para habitar de muy escuálidas hectáreas (como fue el caso de la comunidad Bwagshagdari, a la cual se le entregó un titulo de tan sólo 14 hectáreas). Situación actual: La hacienda Tizina y sus potreros es la que ha sido ocupada por familias Yukpas ante los ataques frontales sufridos por ganaderos y terratenientes a consecuencia del despojo progresivo de sus territorios que los ha arrinconado cultural, social y económicamente. Para encontrar soluciones a esta problemática, el cacique yukpa Sabino Romero Izarra convocó una asamblea general de caciques y líderes Yukpa para el sábado 26 de abril de 2008, con el fin de analizar el proceso de recuperación de sus territorios originales, y enfrentar la arremetida sicario-ganadera en la comunidad Chaktapa. Sin embargo, la misma no se pudo realizar por desinformación “generada” por parte del ciudadano Izquierdo Torres, General del Ejercito acantonado en el Fuerte Macoa en Machiques (este mismo ordenó el día viernes 2 de mayo tomarle fotos a las familias indígenas que dignamente ocupan la hacienda Tizina, ubicada dentro del territorio originario del pueblo Yukpa). En cambio, lo que pudo ser una asamblea indígena se transformó en una pequeña reunión llevada a cabo en una minúscula sala de la sede de la Guardia Nacional, donde estuvieron presentes efectivos de dicho cuerpo y varios hacendados (como Armando Chacín, presidente de la Asociación de Ganaderos de Machiques -GADEMA), los Vargas presuntos propietarios de casi todas las haciendas ubicadas en esta zona del río Yaza), y un representante de los Yukpa y colombianos de la zona utilizados por el sicariato ganadero. En esta junta los antes mencionados comenzaron a acusar y agredir moralmente del líder Sabino Romero Izarra para pretender con ello socavar la resistencia del vocero indígena, de la comunidad Chaktapa y del pueblo Yukpa en general, y así crear “condiciones” para que la comunidad “permitiera” de nuevo la entrada del ganadero Guillermo Vargas a las instalaciones de la hacienda. Más, pese a la presión y manipulación, el cacique Sabino no cayó en la trampa que intentaron montarle. Ante dichas agresiones y maniobras, desde ese día los Yukpa ocuparon de nuevo por completo la haciendo Tizina, logrando así el traslado de las vacas de los Vargas -para otra de sus haciendas de los Vargas-. Varios yukpa han venido a Caracas a denunciar los atropellos de los que están siendo objeto por los terrofagos ganaderos -con complicidad de algunos funcionarios de las instituciones estatales-. Una ocasión de ellas sirvió para que se solidarizaran con la lucha contra los terratenientes sececionistas de Santa Cruz en Bolivia, solidarizandose con los pueblos originarios andinos en la marcha de apoyo a una Bolivia unida la cual llegó a la Embajada de dicho país en Caracas. En ese sentido, el cacique yukpa Sabino Romero Izarra ha explicado que: “Nosotros hemos venido hasta aquí hasta Caracas buscando una solución para que mañana pasado no haya enfrentamiento con los Yukpa y ganadero... Nosotros estamos reclamando el territorio nuestro…para nosotros no perder la cultura, para nosotros poder sembrar.” Propuestas: 1. Los lideres Yukpa Sabino, Olegario y Eladio Romero afirman que cuando las comunidades yukpa -de las cuales ellos son voceros- hagan las cooperativas y las granjas familiares, podrán llevar la leche que las vacas de las mismas produzcan a la empresa del Gobierno y de los trabajadores de Machiques: la antigua Parmalat (leche que los Vargas se niegan a vender en dicha la empresa recuperada por el pueblo y el Gobierno). 2. En la búsqueda de una solución pacifica, que incluye la posibilidad de comprar de la hacienda Tizina, los representantes del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas (MINPPPI) por el estado Zulia, junto con el hacendado Guillermo Vargas, acordaron un periodo de tres meses para dicha compra; pero el tiempo ya está corriendo y no ha habido ningún tipo de seguimiento al tema. En tal sentido, el cacique Romero Izarra plantea que “se espera una lucha sangrienta hasta con plomo si no tenemos alguna solución en 90 días”, si ocurre que el ganadero intentare sacar a las familias originarias al agotarse dicho plazo, y estas, en justa resistencia, no accedan. 3. El Gobierno nacional ha de pronunciarse ante la situación de violación de derechos humanos contra los pueblos indígenas, e inmediatamente iniciar un proceso de compra de las haciendas. Posteriormente ha de ser reactivada y reestructurada con participación del poder popular la comisión para la demarcación de pueblos indígenas, y completar con hechos concretos la deuda social e histórica que tiene la Republica Bolivariana con estos venezolanos y venezolanas. Es obligación del Estado venezolano aplicar en forma cogestionada y corresponsable aquellas políticas que garanticen la inclusión y participación protagónica y libre de los pueblos indígenas en la gestión pública comunal indígena, pluricultural y bolivariana, en el marco de un Estado de derecho y de justicia. 4. Que la población venezolana, indígena y no indígena de a conocer la situación de los pueblos indígenas de la Sierra de Perijá por todos los medios disponibles, y logren que un apoyo mayoritario y digno a este proceso de lucha y resistencia ancestral llevada a cabo por estos pueblos originarios -articulándose con los demás pueblos indígenas venezolanos-, y con tal acción cumplir con lo estipulado en el capítulo sobre los pueblos indígenas de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela y con la Declaración Mundial de los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada recientemente en la Organización de Naciones Unidas. 5. Que como Acción Urgente sean solicitadas en forma inmediata ante las instituciones y organizaciones competentes medidas de protección jurídica en favor de los caciques y lideres Yukpa Sabino, Olegario y Eladio Romero y de las comunidades de las cuales ellos son voceros, para salvaguardar sus derechos constitucionales, así como garantizar civilmente su derecho a la vida y culturalmente sus derechos originarios.
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